Crisis en Venezuela
crisis política y socioeconómica en Venezuela en el siglo XXI / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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La crisis en Venezuela hace referencia a una profunda crisis política, económica y social desarrollada durante el gobierno de Nicolás Maduro.[80][81] Esta etapa ha sido marcada por una fuerte hiperinflación, aumento importante de la pobreza,[80] reaparición de enfermedades erradicadas, delincuencia, incremento de la mortalidad infantil, desnutrición severa y violaciones a los Derechos Humanos, trayendo como resultado un ola de emigración masiva del país.[82] La situación es de lejos la peor crisis económica en la historia de Venezuela y en el mundo la peor desde mediados del siglo XX de un país que no está experimentando una guerra, mucho más grave que la Gran Depresión en los Estados Unidos, peor que la crisis económica de 1985-1994 de Brasil o que la crisis hiperinflacionaria en Zimbabue de 2008-2009.[83] Diversos investigadores han comparado varios aspectos de la crisis, como el desempleo y la contracción del PIB, con la posguerra de Bosnia y Rusia, así como Cuba y Albania tras el colapso de la Unión Soviética.[84][85]
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El 2 de junio de 2010, Chávez declaró una "guerra económica" debido a la creciente escasez en Venezuela.[86] La crisis se intensificó bajo el gobierno de Nicolás Maduro, agravada como resultado de la caída de los precios del petróleo a principios de 2015,[87][88] debido a una caída de la producción petrolera en Venezuela por falta de mantenimiento e inversión,[82] trayendo como consecuencia una crisis petrolera mayor.[89] El gobierno no logró reducir el déficit ante la caída de los ingresos del petróleo, enfrentando la crisis negando su existencia,[90] y reprimiendo violentamente a la población.[82][91]
Las ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno venezolano se volvieron comunes, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un informe en donde reportaba 5287 asesinatos perpetrados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017, con al menos otros 1569 asesinatos registrados en los primeros seis meses de 2019. La ONU tenía "motivos razonables para creer que muchos de estos asesinatos constituyen ejecuciones extrajudiciales", y caracterizó a las operaciones de seguridad como "destinadas a neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y a personas críticas al gobierno". También declaró que las FAES habrían "plantado armas, drogas y disparaban sus armas contra las paredes o al aire para simular una confrontación y mostrar que la víctima se había resistido a la autoridad" y que algunos de los asesinatos habían sido cometidos "como represalia por la participación [de las víctimas] en manifestaciones antigubernamentales".[92]
La crisis supuso la confluencia de distintos problemas: crisis financiera, escasez de productos básicos y medicinas, aumento del desempleo por el cierre de empresas privadas y emigración masiva hacia otros países del continente americano.[93] Así mismo, la disminución del crédito a la empresa privada por parte de la banca,[94] en conjunto con la intervención gubernamental de la política monetaria a través del Banco Central de Venezuela (BCV) han desencadenado una hiperinflación.[95][96] El deterioro de la productividad[97] y competitividad,[98] mala gestión económica,[99] dependencia del petróleo, corrupción política, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos más fundamentales, han contribuido al empeoramiento de la crisis y deterioro de la calidad de vida.[100][101]
Los gobiernos de Chávez y Maduro han alegado que los problemas son el resultado de una guerra económica contra Venezuela,[102] "la caída de los precios del petróleo, sanciones internacionales y la élite empresarial del país". Por otro lado, sus detractores citan la gobernanza antidemocrática, la corrupción y la mala gestión de la economía[99] como causas principales de la crisis.[101][103][104][105][106] Otros atribuyen la crisis a la naturaleza socialista,[107] populista[108] o hiper-populista[99] de las políticas del régimen y el uso de estas políticas para mantener el poder político.[109][110][111] En 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó que "la información recopilada indica que la crisis socio-económica se había estado desarrollando durante varios años" antes de las sanciones internacionales.[112] Michelle Bachelet en un informe de 2019 expresa que la crisis social y económica se estaba agravando drásticamente, el gobierno no había reconocido ni abordado el alcance de la crisis, y expresó su preocupación sobre que aunque la "crisis económica, social generalizada y devastadora comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas", las sanciones podrían empeorar la situación.[113][114] Analistas y economistas nacionales e internacionales han declarado que la crisis no es resultado de un conflicto, desastre natural o sanciones sino consecuencia de las políticas populistas y prácticas corruptas que comenzaron con la Revolución bolivariana en la presidencia de Chávez y continuaron durante la presidencia de Maduro.[115][83][99][110]
La crisis ha generado fuertes olas de protestas, una en 2014, otra en 2017 y otra más en 2019. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), las protestas fueron reprimidas fuertemente por los aparatos policiales y para-policiales y se incurrió en la violación reiterada de los derechos humanos de los participantes, dejando víctimas fatales y presos por motivos políticos.[116]
Venezuela ha experimentado una profunda crisis política. En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, la oposición obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Nacional (AN).[116] Un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) elegido en diciembre de 2015 por la AN saliente afín al chavismo, en enero de 2016 citó presuntas irregularidades en la elección de los diputados del estado Amazonas para sentenciar «en desacato» a la Asamblea Nacional, negando validez jurídica a todas sus decisiones.[116] Ese mismo año, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) intentó que se convocara un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, pero este proceso fue suspendido en octubre de 2016 por el Consejo Nacional Electoral (CNE).[116]