Operación Gedeón (2020)
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La Operación Gedeón (en inglés: Operation Gideon), también denominada incursión marítima de Macuto de 2020 o Macutazo,[7][8] fue un intento de un grupo de militares disidentes venezolanos que se encontraban en el exilio desde enero de 2019 y de tres integrantes de una fuerza de seguridad privada con sede en Estados Unidos para infiltrarse en Venezuela, en el estado costero de Vargas desde Colombia, el primer grupo compuesto por seis personas en una lancha rápida llegaba en la madrugada del 3 de mayo de 2020 a las costas de Macuto, estado Vargas,[9][1] no obstante, esta operación también tuvo su segundo intento de entrar una lancha con ocho personas a las tierras del país a través de la parroquia Chuao, municipio Santiago Mariño del estado Aragua. Casi todos exmilitares venezolanos que se encontraban exiliados en Colombia.[10]
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Operación Gedeón II | ||||
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Crisis en Venezuela Parte de crisis presidencial de Venezuela | ||||
Autoridades venezolanas capturando militantes durante la Operación Gedeón. | ||||
Fecha | 3 de mayo de 2020 | |||
Lugar | ||||
Resultado |
Operación interceptada y neutralizada
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Partes enfrentadas | ||||
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Figuras líderes | ||||
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Fuerzas involucradas | ||||
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Saldo | ||||
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Los dos grupos planearon entrenar a venezolanos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. La primera ola de ataque se saldó con seis venezolanos disidentes muertos, y varios más capturados por pescadores de la zona, fuerzas de policía local y luego entregados en custodia a fuerzas gubernamentales;[11] la segunda ola fue interceptada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).[12]
El comando disidente de ataque aseguró que sus fuerzas terrestres aún están operando dentro de Venezuela. Por su parte, el Ejército Bolivariano empezó una operación con 25.000 soldados junto con la Policía Nacional Bolivariana (PNB), FAES, DGCIM, SEBIN y la Armada Bolivariana, que se fueron apostando en las cercanías de las costas venezolanas para evitar una mayor amenaza del grupo.[13]
El 18 de septiembre de 2020, el diputado Wilmer Azuaje presentó a la prensa un informe concluyendo que los participantes fueron sujetos a ejecuciones extraoficiales por parte del fuerzas militares del gobierno. La denuncia fue presentada ante la Corte Penal Internacional.[14][15]