Sudáfrica contra Israel (Convención sobre Genocidio)
caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia desde 2023 / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
El proceso iniciado por Sudáfrica contra el Estado de Israel el 29 de diciembre de 2023, conocido oficialmente como Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel), se refiere a presuntas violaciones por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y el derecho internacional en relación con los palestinos en la Franja de Gaza. La presentación de Sudáfrica sitúa los cargos en lo que describe como «el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante sus setenta y cinco años de apartheid, sus cincuenta y seis años de ocupación beligerante del territorio palestino y su bloqueo de Gaza de dieciséis años».[1][2] Sudáfrica ha solicitado que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dicte medidas provisionales de protección.[3][4]
Este artículo se refiere o está relacionado con un evento judicial reciente o actualmente en curso. |
Sudáfrica contra Israel (Convención sobre Genocidio) | ||
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Tribunal | Corte Internacional de Justicia | |
Nombre completo | Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel). | |
Fecha | 29 de diciembre de 2023 | |
Transcripción |
Transcripción del caso presentado por Sudáfrica respecto a las medidas cautelares Transcripción del caso presentado por Israel respecto a las medidas cautelares | |
Jueces | Joan Donoghue, Kirill Gevorgian, Peter Tomka, Ronny Abraham, Mohamed Bennouna, Abdulqawi Yusuf, Xue Hanqin, Dalveer Bhandari, Patrick Lipton Robinson, Nawaf Salam, Yuji Iwasawa, Georg Nolte, Leonardo Nemer Caldeira Brant, Julia Sebutinde, Hilary Charlesworth | |
Palabras clave | ||
Conflicto israelí-palestino, Ocupación militar y Genocidio | ||
Investigación previa | ||
Denuncia | Israel ha cometido y está cometiendo actos genocidas y genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza en violación de la Convención de Genocidio | |
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha declarado en cables diplomáticos que un fallo contra Israel «podría tener importantes implicaciones potenciales que no sólo se encuentran en el mundo legal sino que tienen ramificaciones prácticas bilaterales, multilaterales, económicas y de seguridad».[5]
Las audiencias públicas se llevaron a cabo en el Palacio de la Paz de La Haya el jueves 11 y viernes 12 de enero de 2024.[6][7][8]Israel fue representado por abogados como Malcolm Shaw y KC.[9][10]El equipo legal sudafricano incluyó a John Dugard, Tembeka Ngcukaitobi y Vaughan Lowe.[11]Israel nombró a Aharon Barak[10] y Sudáfrica a Dikgang Moseneke como jueces ad hoc.[12]
El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictaminó de manera provisional que había plausibilidad de que se estuviese cometiendo un genocidio[13] y ordenó una serie de medidas cautelares mientras se produjese la investigación oficial, entre las que se encontraban la exigencia a Israel de que se asegurase de que sus tropas no cometiesen actos de carácter genocida, que se previniese y castigase la incitación al genocidio, que se evitase la destrucción de las posibles pruebas de genocidio, y que se permitiese «la entrega de la ayuda humanitaria esencial precisada con urgencia por los palestinos».[14][15] Sin embargo, la Corte no impuso como exigencia la solicitud de Sudáfrica de imponer un alto el fuego inmediato.[14][15] Todas las medidas fueron adoptadas por una mayoría de 15 jueces a favor y 2 en contra, salvo por las referentes a la mayor entrada de ayuda humanitaria y a la persecución y el castigo de la incitación al genocidio, que fueron aprobadas por 16 votos a favor (incluido el del juez israelí) y 1 en contra.[13][14][15]
El 12 de febrero del 2024, Sudáfrica solicitó a la corte que considerara si la ofensiva militar Israelí en la ciudad gazatí de Rafah «ha llevado ya o resultará en asesinato, daño y destrucción en gran escala», en quiebre tanto de la Convención del Genocidio como de la orden de la Corte del 26 de enero.[16]