Milagro Sala
dirigente política, social e indígena argentina / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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Milagro Amalia Ángela Sala (San Salvador de Jujuy, 20 de febrero de 1964) es una dirigente política, social e indígena argentina, líder de la Organización Barrial Túpac Amaru e integrante de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).
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Milagro Sala | ||
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Milagro Sala en 2015. | ||
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Secretaria general de la Organización Barrial Túpac Amaru Actualmente en el cargo | ||
Desde el 2001 | ||
Predecesor | creación de organización | |
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Parlamentaria del Mercosur Electa por Argentina | ||
Sucesor | Oscar Laborde | |
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Diputada provincial de Jujuy | ||
10 de diciembre de 2013-24 de noviembre de 2015 | ||
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Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Milagro Amalia Ángela Sala | |
Nacimiento |
20 de febrero de 1964 (60 años) San Salvador de Jujuy, Argentina | |
Residencia | San Salvador de Jujuy | |
Nacionalidad | argentina | |
Religión | Católica | |
Familia | ||
Padres |
Desideria Leitón, Miguel Sala[1] | |
Cónyuge | Raúl Noro[2] | |
Hijos | 14[3] | |
Información profesional | ||
Ocupación | Política, cooperativista, activista | |
Partido político |
Partido por la Soberanía Popular Organización Barrial Túpac Amaru | |
Afiliaciones |
Frente Unidos y Organizados Frente para la Victoria Grupo Progresista | |
Sitio web | ||
Información criminal | ||
Cargos criminales | Corrupción[4] | |
Se desempeñó como diputada provincial en la Legislatura por el Frente Unidos y Organizados de Jujuy entre diciembre de 2013 y noviembre de 2015, cuando renunció por haber sido elegida para ocupar una banca del Parlasur por el Frente para la Victoria.
En enero de 2016 fue arrestada debido a un acampe que realizaron diferentes cooperativas en reclamo contra el gobernador Gerardo Morales.[5] Esta detención ha sido considerada como de carácter político por diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos[6] así como por la Procuraduría de Violencia Institucional. Su detención fue considerada arbitraria por las Naciones Unidas -con apoyo de Amnesty International-, que dispuso su liberación inmediata, decisión que no fue acatada por el gobierno argentino.[7]
El Gobierno federal argentino, presidido por Mauricio Macri, avaló ante las Naciones Unidas el proceder del Poder Judicial de Jujuy e informó los argumentos por los que sostenía que no se habrían violado los derechos humanos de Milagro Sala. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que la detención era arbitraria y realizó un «llamamiento urgente» al Gobierno de Mauricio Macri para que la libere. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado a través del cual «urge al Estado argentino a responder al caso de Milagro Sala» ratificando la decisión del GTDA.
En este marco, en diciembre de 2016 fue condenada a tres años de prisión en suspenso, por considerársela «instigadora» de daños agravados en ocasión de un escrache contra Gerardo Morales en el cual no estuvo presente. Días más tarde fue enjuiciada por haber organizado un «acampe» y encontrada culpable de cometer una contravención, siendo condenada a pagar una multa,[8] a realizar trabajos sociales y a tres años de inhabilitación para integrar organizaciones; este último juicio fue declarado nulo el 2 de junio de 2017 por el juez de Control número 3 de Jujuy.[9]
En junio de 2017, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena. La Sala IV ratificó la sentencia de tres años de prisión de ejecución en suspenso por el delito de daño agravado y revocó el sobreseimiento por el delito de amenaza.[10][11]
La Corte Suprema pidió con carácter urgente medidas para que se cumpla con lo ordenado por la CIDH en cuanto al arresto domiciliario de Milagro Sala y para salvaguardar su vida y estado de salud.[12] En noviembre de 2018, la Corte Suprema dejó firme la condena a tres años de prisión en suspenso en ocasión de un escrache contra Gerardo Morales.[13][14]
En enero de 2019, Sala fue condenada a 13 años de prisión, en el Tribunal en lo Criminal N°3 de Jujuy, por fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de $60.000.000 del estado destinados a la construcción de viviendas sociales.[15][16][17] El 16 de diciembre de 2022, tras haber sido elevada a juicio oral en 2021, la Corte Suprema ratificó la condena, calificándola como «jefa de la Asociación ilícita».[4]