Ley contra la blasfemia
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Una ley contra la blasfemia es una ley que prohíbe y castiga la blasfemia, entendida como la irreverencia hacia personajes, artefactos, costumbres y creencias de carácter religioso.
De acuerdo con el Pew Research Center, en 2014 el 26% de los países y territorios del mundo tenía en vigor leyes o políticas contra la blasfemia.[2]
En el mundo existe un debate que contrapone la existencia de leyes contra la blasfemia con el respeto a la libertad de expresión. Organizaciones pro derechos humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han condenado la existencia de leyes contra la blasfemia al considerar que vulneran los derechos humanos, ya que sirven habitualmente para perseguir a las personas por creencias y actividades que no se ajustan a la opinión mayoritaria sobre asuntos religiosos y para reprimir la crítica a la religión.[3][4] Algunos países justifican la existencia de esta legislación en que protegen las creencias religiosas de la mayoría religiosa, mientras que en otros se considera que ofrecen una protección a las creencias de las minorías.[5]
Las leyes contra la blasfemia pueden prohibir la vilificación de la religión o de grupos religiosos, la difamación de la religión y de sus practicantes, la denigración de la religión y de sus seguidores, la ofensa a los sentimientos religiosos o el desprecio de la religión. En algunas jurisdicciones, pueden incluir leyes contra el discurso de odio que van más allá de prohibir la incitación inminente al odio y a la violencia contra grupos religiosos.
Los expertos en derechos humanos reclaman legislaciones que hagan una distinción adecuada entre la protección de las libertades individuales y una restricción excesiva de la libertad de expresión. El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obliga a los países a adoptar medidas legislativas contra «toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia».[6] Sin embargo, el Pacto también subraya que esta protección debe estar cuidadosamente delimitada y no supone en ningún caso un apoyo de la prohibición de la blasfemia per se.[7]