Legalidad de la guerra de Irak
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La legalidad de la invasión y la ocupación de Irak ha sido ampliamente debatida desde que los Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Polonia y una coalición de otros países lanzó la invasión de Irak de 2003.
El entonces Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan dijo en septiembre de 2004: "Desde nuestro punto de vista y el punto de vista de Carta de la ONU, [la guerra] fue ilegal."[1] Muchos de los dirigentes políticos de los EE. UU. y Reino Unido han argumentado que la guerra era legal, mientras muchos expertos legales y otros dirigentes internacionales han argumentado que fue ilegal.
Oficiales de EE. UU. y del Reino Unido han argumentado que las resoluciones existentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la Guerra de Golfo y el subsiguiente alto el fuego (660, 678), y las posteriores inspecciones de programas de armas iraquíes (1441), ya autorizaban la invasión.[2] Los críticos de la invasión han desafiado ambas aserciones, arguyendo que una resolución adicional del Consejo de Seguridad, el cual los EE. UU. y Reino Unido fallaron para obtener, habría sido necesaria para específicamente autorizar la invasión.[3][4][5]
El Consejo de Seguridad de las ONU, como se indica en el Artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, tiene la capacidad de legislar en la legalidad de la guerra, pero aun no ha se le ha solicitado hacer así por ninguna nación miembro de la ONU. Los Estados Unidos y el Reino Unido tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, así que la acción de este es altamente improbable incluso si el asunto fuera levantado. A pesar de esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas puede solicitar que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —"el principal órgano judicial de las Naciones Unidas" (Artículo 92)—de o una "opinión asesora" o un "juicio" en la legalidad de la guerra. Así, la Asamblea General solicitó a la CIJ asesoría sobre "las consecuencias legales que surgen de la construcción del muro llevada a cabo por Israel", por su resolución A/RES/ES-10/14, el 12 de diciembre de 2003; a pesar de oposición de miembros permanentes del Consejo de Seguridad.[6] Se consiguió esto por sentarse en la décima sesión especial de emergencia, bajo el marco de la Resolución 377 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.