Investigaciones de casos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo
casos de corrupción bajo investigación de altos funcionarios y círculos políticos asociaciados al gobierno de Pedro Castillo / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
Las investigaciones de casos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo hacen referencia a una serie de expedientes elaborados por el Ministerio Público del Perú en relación con los acontecimientos ocurridos entre 2021 y 2022, con documentación originada, en parte, por la prensa. Se trata del primer gobierno en ejercicio sometido a una investigación de este tipo.[1]
Luego de las investigaciones por los fiscales y la prensa, algunos de estos casos fueron incorporados en los registros oficiales de la Fiscalía, a través del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop),[2] un grupo de trabajo que inicialmente investigaba a funcionarios allegados a Castillo. Esto se debió a que dicho ente autónomo tenía la facultad de investigar al entonces presidente de la República.[3] Algunas investigaciones fueron formalizadas a nivel jurídico en febrero de 2023, que coincidieron con el oficializar el expediente para su reporte penal. Esta formalización ocurrió cuando el Congreso de la República aprobó una comisión para acusar a la máxima autoridad, responsabilizándolo de presuntos delitos, englobados en organización criminal, tráfico ilícito de influencias y colusión, que han causado perjuicios a los intereses del Estado peruano.[4]
En el transcurso de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, se hallaron casos que fueron corroborados (con más de 190 elementos de convicción)[5] y que cobran relevancia en la investigación. Entre ellos,[6][7] se encuentra la contratación de Marka Group, una empresa administrada por Sada Goray, y el buró político apodado «gabinete en la sombra», que, supuestamente, gestionaba licitaciones millonarias en el despacho de gobierno.[8] Asimismo, se descubrió las ascensiones en las fuerzas armadas y policiales, la controversia en torno a la construcción del Puente Tarata en el departamento de San Martín (a partir de coordinaciones extraoficiales en una vivienda particular), la existencia del grupo de congresistas conocidos como «Los Niños» y los acontecimientos relacionados con Petroperú. Posteriormente, la Fiscalía inició el caso Anguía, relativo a la municipalidad distrital homónima en el departamento de Cajamarca, donde nació el señor Castillo.[9] Entre los testigos que ofrecieron evidencia de los supuestos actos se encuentra Karelim López, quien fuera empleada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que, además, mantenía una estrecha relación con el entorno presidencial.[10][11] A lo largo de las diversas investigaciones, la interpretación principal que se ha compartido es que el señor Castillo habría sido el líder de la presunta organización delictiva.[12]
Este mandato concluyó el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Castillo luego un intento de autogolpe de Estado en Perú que solicitó la reorganización del Ministerio Público, entre otras instituciones. Del círculo interno en enero de 2023, solamente 79, entre servidores contratados y no contratados, fueron investigados por sus vínculos más cercanos en el despacho en enero de 2023,[1] mientras que 18 confesaron haber cometido algún acto ilícito en mayo de ese año.[13] Entre las personas relevantes que fueron motivo de investigación figuran Lilia Paredes, Geiner Alvarado y Yenifer Paredes.[14]