Grupo Aval
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El Grupo Aval (conocido formalmente como Grupo Acciones y Valores S.A.) (NYSE: AVAL, BVC: GRUPOAVAL) es un conglomerado empresarial colombiano dedicado a una amplia variedad de actividades, principalmente financieras. Es controlado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuya fortuna ronda los US$ 9 mil millones[2] y quien indirectamente posee alrededor del 70% de las acciones del grupo.
Grupo Aval S.A. Grupo Acciones y Valores S.A. | ||
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Tipo | Grupo | |
ISIN | US40053W1018 | |
Industria |
Financiera Telecomunicaciones Finca raíz | |
Forma legal | sociedad anónima | |
Fundación | 1998 | |
Fundador | Luis Carlos Sarmiento Angulo | |
Sede central | Bogotá, Colombia | |
Área de operación |
Colombia Colombia Costa Rica Costa Rica Guatemala Guatemala Honduras Honduras Panamá Panamá El Salvador El Salvador Nicaragua Nicaragua Islas Caimán Bahamas Barbados Estados Unidos (Florida) | |
Personas clave |
Luis Carlos Sarmiento Angulo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez | |
Productos |
Banco Inversiones | |
Ingresos | COP$ 10,6 billones (2020)[1] | |
Beneficio neto | COP$ 3,3 billones (2021) | |
Empleados | +115 000 (2021) | |
Filiales | BAC Credomatic | |
Sitio web | www.grupoaval.com | |
Lema | Avanzando | |
Es el grupo financiero más grande de Colombia, teniendo bajo su control cuatro importantes bancos de este país (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, AV Villas y Banco Popular). También es uno de los grupos financieros más grandes de Centroamérica, teniendo la propiedad del grupo BAC Credomatic[3] y del Banco Multibank en Panamá, además de ser el propietario de la mayor administradora de fondos de pensiones y cesantías de Colombia (Porvenir) que a su vez arropa al liquidador de seguridad social más importante del mercado colombiano como lo es Aportes en Línea.
El Grupo Aval se vio involucrado en el caso de corrupción de Odebrecht en Colombia, por medio de su empresa filial Corficolombiana. En agosto de 2023, Aval aceptó ante las autoridades judiciales de Estados Unidos su responsabilidad por el pago de sobornos a funcionarios públicos para obtener beneficios por la obra Ruta del Sol II, a cambio se comprometió a pagar 80 millones de dólares de multa y poder dar así por terminado el caso penal y administrativo por corrupción en contra del grupo económico.[4]