Convulsión social
manifestaciones ciudadanas en Perú tras destitución del expresidente Castillo / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
La convulsión social en Perú[19][20][21] o el estallido peruano[22][23][24][lower-alpha 4] fue una serie de manifestaciones sucedidas en el Perú iniciadas el 7 de diciembre de 2022 (primera etapa de protestas), con interrupciones, hasta mediados de marzo de 2023 (segunda etapa de protestas),[26] mediante el desgaste masivo del evento con anterioridad, enmarcadas en la crisis política que azota al país desde 2021, e inclusive con antecedentes al 2016.[27] Estas protestas comenzaron en las ciudades de Lima, Apurímac y Arequipa y Puno,[28] pero se fueron propagando a lo largo de todo el país.[29] Son convocadas en su mayoría por diversas organizaciones sociales (principalmente sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinas) de izquierda política,[30] que a lo largo del tiempo sumarían el apoyo de partidos políticos con espectro ideológico de centro a extrema izquierda.[31] No obstante, las protestas se caracterizan por la carencia de un liderazgo centralizado[32] y la incorporación, en distintos niveles, de un amplio espectro social, principalmente de los sectores más pobres y excluidos del país.[33]
Este artículo se refiere o está relacionado con un conflicto social reciente o actualmente en curso. |
Convulsión social | |||||||
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Parte de crisis política en Perú de 2021-presente y Gobierno de Dina Boluarte | |||||||
De izquierda a derecha y de arriba abajo: Protestas en Lima en diciembre de 2022, Bloqueo de carreteras en Puno a inicios de 2023, Policía Nacional del Perú desbloqueando carreteras en Madre de Dios, Monumento conmemorativo en la Plaza Manco Cápac por los fallecidos en las protestas | |||||||
Localización | |||||||
País | Perú Perú | ||||||
Lugar | Todo el territorio peruano (principalmente en el sur y Lima) | ||||||
Datos generales | |||||||
Estado | Finalizado | ||||||
Tipo | Manifestación | ||||||
Ámbito | Nacional | ||||||
Suceso | Protestas, paralizaciones, huelgas generales, toma de aeropuertos, bloqueo de carreteras, desobediencia civil, ataques a comisarías, ataques a sedes judiciales, disturbios y saqueos | ||||||
Organizador |
Sin liderazgo centralizado (véase líderes y organizaciones) | ||||||
Causa |
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Objetivo |
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Participantes |
Centenas de miles (entre policías,[lower-alpha 1] miliatres[lower-alpha 2] y civiles[lower-alpha 3]) | ||||||
Histórico | |||||||
Fecha de inicio | 7 de diciembre de 2022-24 de marzo de 2023 (con pocas interrupciones) [16] | ||||||
Fecha de fin | 25 de diciembre de 2022 y marzo de 2023 | ||||||
Frecuencia | Irregular | ||||||
Desenlace | |||||||
Muertos | 67 muertos: 60 civiles, 6 militares y 1 policía | ||||||
Heridos | 1881 heridos | ||||||
Arrestados | +600 detenidos | ||||||
Resultado | |||||||
Se ha sugerido que esta página sea renombrada como «Convulsión social (Perú)». |
Las causas inmediatas fueron el intento de autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo, su destitución del cargo y su posterior detención, con la subsiguiente sucesión constitucional por parte de la vicepresidenta Dina Boluarte.[34] En un inicio, los manifestantes estaban compuestos en su mayoría por simpatizantes del expresidente Castillo, con exigencias que priorizaban su liberación y su restitución.[35] Aunque Castillo aún se autodenomina «presidente del Perú» incluso después de intento de autogolpe,[36] no obstante, los objetivos variaron rápidamente, con el apoyo de las masas, los nuevos líderes priorizaron cambios políticos a profundidad, incluyendo la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso de la República (mayormente representado por el conservadurismo), el adelanto inmediato de elecciones generales y un referéndum sobre una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Constitución.[35] Estas exigencias evidenciaron un rechazo generalizado a toda la clase política y al descrédito institucional, que se iría agravando con los siguientes eventos.[37]
En un primer momento, durante el mes de diciembre de 2022, las manifestaciones se congregaron en el sur peruano, pero se expandieron a casi todo el territorio peruano.[38] Las marchas en Lima fueron calificadas como parte de un supuesto «golpe de Estado» civil,[39] cuya alusión siguió usándose hacia sus detractores del gobierno.[40] Los sucesos más sonados sucedieron en la región Apurímac, con la declaratoria de «insurgencia popular», en ese contexto, fallecieron ocho manifestantes tras el uso de munición por parte de la policía.[41] Al día siguiente, el gobierno declaró el estado de emergencia regional, que después se extendió a nivel nacional.[42] El día 15, tras el ingreso de manifestantes en el aeropuerto de Huamanga, unidades del ejército peruano, dispararon contra protestantes en los alrededores del aeródromo, resultando muertos una decena de ciudadanos.[43] Con la cercanía de las festividades de fin de año, las protestas disminuyeron significativamente hasta la primera semana de enero.[44] A inicios del año 2023. El sector de Barrio Chino y Expansión Urbana (Ica) fueron uno de los puntos más conflictivos, se tuvo que desplegar al ejército para la recuperación de la Panamericana Sur.[45] El 9 de enero, durante las manifestaciones en Juliaca, sucedió el evento más mortífero en toda la convulsión social: entre manifestantes y transeúntes, dieciocho ciudadanos y un policía resultaron muertos.[46] Ante estos eventos, se recrudecieron las manifestaciones en todo el país, incluyendo paralizaciones y disturbios.[47] La convocatoria de la movilización de manifestantes en Lima, denominada «toma de Lima», se programó para el día 19, en conjunto con un paro nacional.[48]
La CIDH señaló que la mayoría de las 477 protestas registradas en los dos primeros meses de la convulsión social (diciembre y enero) fueron pacíficas, mientras que 68 fueron registradas de «violentas».[49] Entre los registros de la Defensoría del Pueblo, se reportaron bloqueos de carreteras, toma de aeropuertos y el ataque de instalaciones policiales y fiscales, con graves daños a la infraestructura pública,[50] en conjunto con la movilización de numerosas organizaciones sociales opositoras al gobierno a Lima.[51] Para ese momento, se reportaron en varias ciudades del país casos de saqueos y vandalismo de instalaciones de empresas y compañías mineras.[52]
En este clima, continuaron sucediéndose enfrentamientos entre las fuerzas policiales y militares en contra de los manifestantes. Según documentos obtenidos por Hildebrandt en sus Trece, la institución policial llegó a tal extremo que propuso estrategias para abatir ante lo que denomina «delincuentes terroristas».[53] El gobierno, los miembros del Congreso y la mayoría de los empresarios y medios de comunicación de Lima repudiaron las manifestaciones, tildando a los protestantes de «azuzadores».[54] En mayo de 2023, el Tribunal Constitucional dictaminó que «admitir la existencia de un derecho a la protesta, en términos de reclamar o expresar, generalmente con vehemencia, la opinión, queja o disconformidad, llegando a la violencia que vulnera derechos ajenos, es un razonamiento inconstitucional e inconvencional»,[55] este se estableció en la casación 1464-2021/Apurímac a pesar de que la afirmación no buscó afectar otros derechos constitucionales.[56]
No obstante, con la temporada de las festividades carnavalescas, se produjo una reducción del número de movilizaciones pero estas continúan hasta la actualidad en varias ciudades del país.[57] Para inicios de marzo, se registraron movilizaciones desde el interior del país para una nueva protesta en Lima, aunque en menor número a comparación de los meses anteriores.[58] En las próximas semanas, las protestas perdieron intensidad, e incluso se volvieron esporádicas. Esto conllevó en la discusión si realmente terminó o no, por lo que la presidenta Boularte señaló que «estamos a la mitad de crisis».[59] Sin embargo, para el diario El País de España, en el resurgimiento de la convulsión a mediados de 2023 se apreció la «incapacidad del Gobierno para hacer frente a esa ola de descontento a través de la acción política o la negociación quedó demostrada por [las protestas]».[60]