Caso de La Línea en Guatemala
acusados por tráfico de influencia / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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El Caso de «La Línea» es un proceso judicial por corrupción en Guatemala iniciado el 16 de abril de 2015 cuando el Ministerio Público de Guatemala y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala involucró a varios altos funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina, en funciones en ese momento, incluyendo el capitán retirado Juan Carlos Monzón (secretario privado de la entonces vicepresidencia) y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala en una sofisticada red de contrabando en las aduanas de ese país centroamericano.[1]
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Caso La Línea | ||
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Puerto Quetzal en el Océano Pacífico, donde se encuentran muchas aduanas guatemaltecas. | ||
Tribunal | Corte Suprema de Justicia de Guatemala | |
Fecha | 16 de abril de 2015 | |
Jueces |
Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo B Fiscalía Especial Contra la Impunidad | |
Historial del caso | ||
Acciones relacionadas |
• Condena de 10 años contra Juan Carlos Monzón. • Condena de 3 años y 4 meses de prisión conmutables y una multa de Q33 mil 333 a 15 empresarios. • 7 años de prisión contra Salvador González alias eco | |
Palabras clave | ||
Cohecho, lavado de activos, colusión, Asociación ilícita, Organización criminal y tráfico de influencias | ||
Por este caso, en 2020, ya fueron condenados empresarios que usaron la estructura criminal para evadir impuestos y se les impuso una pena de 3 años con 4 meses de prisión conmutables, también una multa de Q.33 mil 333 e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos siendo estos Miao Miao, Zoumin Mai, Eder Eli Leiva Hernández, Antoun Batach Mksoud, Sookhwa Jung Kyung Rang Hong, IL Kim, Mirna Lucrecia Montenegro Armas, Zhonlang Huang, Zhixiang Chen, Hugo Jo Hu, María Olimpia Oliva Vivar, Fang Meiyu, Augusto René Castillo López, Jae Uk An.[2][3][4]
Salvador González ,alias Eco, en febrero de 2017 fue condenado a 7 años de prisión totales, divididos en tres crímenes: 2 años 8 meses por asociación ilícita, 2 años 9 meses 10 días por casos especiales de defraudación aduanera, y 1 año 1 mes y 10 días de prisión por cohecho pasivo.[5][6]
El 17 de enero de 2022 inició el juicio contra Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y otros implicados dentro del caso[7] y se extendió hasta octubre de ese mismo año, según información del Ministerio Público la carpeta judicial del caso incluye 625 pruebas documentales (correos electrónicos, informes financieros y estados de cuenta bancarias), de ahí que se fijaron tres días a la semana para las audiencias.[8][9]
El Caso de La Línea formó parte de la Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte de la América Central promovida por la administración de Barack Obama en Guatemala, El Salvador y Honduras[10] y que —aunque presentada como una estrategia para impulsar el desarrollo de la región para paliar la crisis migratoria de Guatemala, Honduras y El Salvador[11]— era parte de una estrategia de los Estados Unidos para mantener su hegemonía histórica en Centroamérica, siendo ésta amenazada por la construcción del Canal de Nicaragua que está realizando la empresa china «HK Nicaragua Canal Development» y las exploraciones mineras en la región por parte de empresas rusas.[10][12]
Al momento de descubrirse el caso, Monzón se encontraba en Seúl, acompañando por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti —a quien le fue conferido un doctorado honoris causa en esa ciudad por su trabajo social―. Cuando se enteró de los cargos contra él, Monzón emprendió la fuga; otros involucrados fueron capturados en Guatemala. Algunos de ellos obtuvieron su libertad al cabo de unos pocos días debido a una medida sustitutiva que les otorgó la jueza guatemalteca Marta Sierra de Stalling,[13] aunque el Ministerio Público accionó inmediatamente para impugnar dicha medida y los regresó a prisión, junto con la jueza Sierra de Stalling.
Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atención se centró en las figuras de Pérez Molina y Baldetti, al punto que se organizó una manifestación de protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidenta el 25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitución y se corrieron rumores de una posible paralización de la Ciudad de Guatemala el 27 de abril de 2015. Incluso cuando el presidente solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) hasta septiembre de 2017 como resultado de estas protestas, la presión sobre el Gobierno no se aplacó porque ni el Ministerio Público ni la CICIG habían reportado nombres de ninguna de las empresas que habrían utilizado los servicios de «La Línea» para defraudar al fisco guatemalteco.
Se organizaron marcha multitudinarias por medio de las redes sociales, las cuales demostraron su repudio hacia el Gobierno y hacia los partidos políticos del país.[14] Es de destacar que estas organizaciones fueron espontáneas, pues en Guatemala a pesar de que algunas acciones tengan a la población a punto de un estallido social, no hay quien organice dicho estallido en forma efectiva por falta de credibilidad a todos los actores políticos del país.[14] Por otro lado, aunque no hubo organización política que hiciera estallar todo el malestar acumulado, las élites tradicionales del país, preocupadas por la situación actual y considerando que el polvorín social podría estallar muchísimo más, organizaron una lucha frontal contra la corrupción de los funcionarios públicos y obligaron a estos a extender la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el malestar de la población se dirigiera hacia el Gobierno y en especial hacia la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de 2015,[15] aunque muchos consideraban que existía corrupción generalizada en el país desde hacía décadas y que eso es lo que se debería de haber afrontado desde mucho tiempo atrás.[14]
Se denunció que en el sistema político existía un grupo de personas a quienes les resultaba más barato utilizar los servicios de estructuras como La Línea que realizar los pagos legales que deberían hacerle al fisco por sus ganancias, con la excusa de que los impuestos se los roban los políticos corruptos, y por lo tanto, preferían robárselos ellos a cambio de darles una parte a funcionarios de gobierno. Esta corrupción llevaría a los empréstitos con intereses onerosos y a las medidas de austeridad que el Gobierno se había visto obligado a emprender para cumplir con sus obligaciones por la falta de recaudación eficiente, lo que agravaba la pobreza del resto de la población.[16]
El 20 de mayo de 2015 se presentó un caso en contra de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por supuestas anomalías en un contrato que el seguro social firmó con la empresa farmacéutica PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renales. En total hubo dieciséis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien fue detenido por fraude y que había sido secretario privado de, Otto Pérez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, hijo de la presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala —CSJ—, Blanca Stalling. Otto Molina Stalling fungía como subgerente financiero del IGSS en 2014, y fue detenido por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias.[17] Según la investigación, los detenidos se concertaron «con el ánimo de obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social» y se habrían quedado con el 15 % del total del monto del contrato, el cual asciende a los 116 millones de quetzales.[17] El 14 de octubre de 2021 la Corte Suprema de Justicia confirmó una sentencia absolutoria en contra de los acusados, considerando que el Ministerio Público no presentó los indicios suficientes para emitir una condena.[18]
El 21 de agosto de 2015, un juez giró una orden de captura contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti y una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.[19] En la conferencia de prensa que ambas entidades dieron ese mismo día, informaron que evidencias obtenidas durante los operativos del 16 de abril de 2015 demostraron que Juan Carlos Monzón no era el líder de «La Línea», sino que lo habrían sido el presidente y la exvicepresidenta; es más, sugirieron que ambos habrían estado involucrados en la red desde antes de ser electos como gobernantes.[19][20]
Baldetti fue enviada a prisión preventiva a la cárcel de Santa Teresa luego de pasar varios días en la cárcel del cuartel de Matamoros y la ciudadanía convocó a un Paro Nacional cuando se escuchó la voz del presidente, en una interceptación telefónica anterior, durante la audiencia legal que se le estaba siguiendo a Baldetti y que lo incriminaban en el caso de defraudación aduanera. Finalmente, el 2 de septiembre de 2015 Pérez Molina presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el Congreso de la República el 3 de septiembre, y ese mismo día fue juramentado el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre como el nuevo presidente de la República que había sido designado vicepresidente ante la renuncia de Baldetti.[21]
En un giro sorpresivo, el lunes 5 de octubre de 2015, Juan Carlos Monzón se entregó a las autoridades y confesó ser miembro de la estructura aunque no ser el líder de la misma, pues en el gobierno del Partido Patriota, nada se hacía sin la autorización de Pérez Molina o Baldetti Elías; dijo también que estaba dispuesto a colaborar, siempre y cuando se le diera protección a él y a su familia.[22]