Situación canónica de la Fraternidad Sacerdotal de san Pío X
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La situación canónica de la Fraternidad Sacerdotal de san Pío X, un grupo fundado en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre se encuentra, a día de hoy, sin resolver.
La fraternidad ha sido sujeta de mucha controversia desde al menos 1976, cuando Lefebvre fue suspendido a divinis por el papa Pablo VI, y más aún a partir de 1988, cuando Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson y Alfonso de Galarreta fueron, a ojos de la Santa Sede, ilícitamente consagrados en contra del derecho canónico en el Seminario Internacional San Pío X, en la localidad suiza de Écône, por el propio Lefebvre y Antonio de Castro-Mayer. El canon 1382 del Código de Derecho Canónico castiga este delito con excomunión latae sententiae[1].
Las consagraciones fueron calificadas por Roma como un “acto cismático” y como una “desobediencia al Romano Pontífice en materia gravísima y de capital importancia”[2]. Si bien es cierto Lefebvre y la fraternidad consideraron inválido el decreto de excomunión, alegando a la existencia de un presunto estado de necesidad[3][4] (el cual los eximiría según el derecho canónico de la censura)[5], el papa Benedicto XVI terminaría retirando las excomuniones, en busca de “consolidar las relaciones recíprocas de confianza, así como intensificar y hacer estables las relaciones de la Fraternidad San Pío X con la Sede apostólica”[6].
El diálogo entre la sociedad y la Santa Sede están en un impasse al día de hoy, hasta el punto de que en 2013 el para entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerhard Ludwig Müller, asegurara que, si bien es cierto las excomuniones habían sido levantadas, los prelados seguían suspendidos de los sacramentos al haber roto la comunión con la Iglesia[7]. A raíz de la ilicitud de algunos de sus sacramentos y la alegada invalidez de otros (véase la sección La Fraternidad de san Pío X y la visión de la Santa Sede), el Vaticano le concedió a todos los sacerdotes de la hermandad la facultad de dar válidamente la absolución sacramental, y a los ordinarios locales la autorización de darles permiso para celebrar matrimonios de los seguidores de la sociedad.
Sea como sea, el cardenal Müller afirmó en una carta fechada el 26 de junio de 2017 a la FSSPX que el restablecimiento pleno de la comunión dependerá de que sus miembros hagan la profesión de fe contenida en el motu proprio Ad tuendam fidem, aceptando explícitamente y adhiriéndose a las enseñanzas del Concilio Vaticano II,[nota 1][8][9] y a las posteriores del magisterio, reconociendo no solo la validez sino también la legitimidad de la misa y los sacramentos celebrados de acuerdo con los libros litúrgicos promulgados después del concilio.[10]
La sociedad, por el otro lado, mantiene que fue canónicamente establecida, que nunca ha sido canónicamente suprimida,[11] y que, en “la presente crisis de la Iglesia”, cuando “la herejía, e incluso la apostasía están ampliamente difundidas entre el clero”, “la Iglesia suple misericordiosamente la jurisdicción” para el bien de los fieles.[12]