Reforma laboral española de 2022
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El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo,[1] más conocido como la Reforma laboral de 2022[3][4] es un decreto-ley que modificó la Ley del Estatuto de los Trabajadores en España.[2] El texto fue aprobado el 3 de febrero de 2022 en el Congreso de los Diputados con 175 votos a favor, 174 en contra y ninguna abstención.[5] El acuerdo para la reforma fue alcanzado por el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos —representado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz—, representantes sindicales y representantes de los empresarios del conjunto del territorio español el 23 de diciembre de 2021, tras varios meses de negociación.[4]
Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma laboral | ||
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Extensión teritorial | España España | |
Legislado por | Cortes Generales | |
Referencia del diario oficial | BOE-A-2021-21788 | |
Historia | ||
Aprobación |
28 de diciembre de 2021 (Consejo de Ministros) 03 de febrero de 2022 (Convalidación por el Congreso)[1] | |
Promulgación | 28 de diciembre de 2021 | |
Publicación | 30 de diciembre de 2021 | |
Entrada en vigor | 31 de diciembre de 2021 | |
Legislación relacionada | ||
Modifica | Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores[2] | |
Legislación vigente | ||
Su aprobación recibió amplia atención mediática al darse con un margen de votos muy ajustado, y el decreto fue inicialmente considerado rechazado en la votación al existir dos votos en contra por parte de dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, partido que, sin embargo, había pactado previamente su apoyo con el Gobierno. No obstante, debido al error de un diputado del Partido Popular, que votó a favor por accidente en contra de la posición de su grupo parlamentario, el texto fue finalmente aprobado.[6] Su entrada en vigor permitió a España recibir una parte de los fondos europeos del mecanismo de recuperación por los daños provocados por la recesión por la pandemia de COVID-19 en el país.[4]
La norma introdujo cambios sustanciales en materia laboral: aportó prioridad a la contratación indefinida frente a la temporal, dio mayor peso a los convenios sectoriales en los salarios y afianzó la participación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en empresas con problemas económicos, entre otros.[7]