Política Agrícola Común de la Unión Europea
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La Política Agrícola Común (PAC),[1] llamada a veces Política Agraria Común, es una de las políticas principales que la Comisión Europea elabora y ejecuta junto a los Estados miembros, siendo el principal instrumento regulador en el ámbito de la agricultura en toda la Unión Europea.[2] Ejecutada por el comisario europeo de Agricultura y gestionada por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) de la Comisión. Hasta hace poco, operaba mediante un sistema de subsidios y de intervención en el mercado; hasta la década de 1990 la política representaba el 60 % del presupuesto anual de la Unión Europea, y hoy en día aún representa el 40 %.[2][3]
Objetivos específicos de la PAC (artículo 39 del TFUE)[4] |
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Incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico y asegurando el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra |
Garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura |
Estabilizar los mercados |
Garantizar la seguridad de los abastecimientos |
Asegurar al consumidor suministros a precios razonables |
Los controles de precios y la intervención en los mercados tuvieron como resultado la sobreproducción, la cual se almacenaba para mantener los niveles mínimos de precios.[2] Para disponer de este superávit, a menudo se vendían en el mercado mundial internacional a precios por debajo de los precios garantizados por la Unión o, por otra parte, los agricultores a menudo recibían subsidios que equivalían a la diferencia entre los precios mundiales y los de la Unión. Este sistema se ha criticado por vender más barato que la producción de los países en vías de desarrollo. La sobreproducción también ha sido criticada por los ambientalistas por los métodos de producción intensivos. Por otra parte, los que apoyan a la Política Agrícola Común, argumentan que la ayuda económica para los agricultores, les asegura un estándar de vida razonable imposible económicamente si no existiera.
Desde el comienzo de la década de 1990, la política se ha ido reformando.[2] Al principio, estas reformas incluían la política de separar una porción de tierra de la producción, imponer cuotas en la producción lechera,[5] etc. Los gastos agrícolas abandonarán los subsidios relacionados con la producción específica por relacionarlos con el tamaño de las fincas agrícolas, para permitir que el mercado establezca los niveles de producción y a la vez asegurar la renta de los agricultores. Las reformas también incluyen la abolición del régimen de azúcar entre los Estados miembros y las naciones africanas y caribeñas y su relación privilegiada.[2]
Después de la entrada en vigor del Tratado de Roma de 1957, las políticas agrícolas de los Estados miembros de la Comunidad Europea fueron sustituidas por mecanismos de intervención a escala comunitaria. Las bases de la PAC no han cambiado desde entonces, aunque sí lo han hecho las normas relativas al procedimiento decisorio. El Tratado de Lisboa de 2009 ha reconocido la codecisión como «procedimiento legislativo ordinario» de la PAC, en sustitución del procedimiento de consulta.[4]
La PAC ha experimentado cinco grandes reformas, las más recientes de las cuales se remontan a 2003 (revisión intermedia), 2009 (el «chequeo» de la PAC) y 2013 (para el período de financiación 2014-2020). Los primeros debates sobre la PAC posterior a 2020 comenzaron en 2016.[6]