Abogacía General del Estado
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La Abogacía General del Estado de España es el órgano administrativo de la Administración General del Estado, integrado en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, responsable de dirigir los servicios que prestan asistencia jurídica al Estado y a otras instituciones públicas.[2] El titular de la Abogacía General, con nivel orgánico de subsecretario, dirige el Servicio Jurídico del Estado, formado por funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado.
Abogada General del Estado | ||
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Escudo de la Abogacía del Estado | ||
Consuelo Castro Rey | ||
Desde el 29 de junio de 2018 | ||
Sede | Calle San Bernardo 45, Madrid | |
Tratamiento | Ilustrísimo/a señor/a | |
Salario | 110.169,80 €[1] | |
Designado por |
Ministro de Justicia previa deliberación del Consejo de Ministros | |
Nombrado por |
Rey de España refrendado por el Ministro de Justicia | |
Suplente | Director general de lo Consultivo | |
Creación | 28 de diciembre de 1849 (174 años) | |
Cargo anterior | Dirección General de lo Contencioso del Estado | |
Sitio web | Abogacía General del Estado | |
El abogado general del Estado es nombrado por el rey de España a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. Para ser nombrado abogado general hay que ser de antemano abogado del Estado. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, el ministro de Justicia es responsable de decidir quién lo suple; de no hacerlo, la ley establece que lo harán los directores generales por el orden establecido en el Reglamento de la Abogacía General del Estado.[3] Desde junio de 2018 la abogada general del Estado es Consuelo Castro.[4]