Crisis política en Bolivia de 2019
proceso de dimisión del presidente de Bolivia luego de la presión de sectores de la sociedad ante un supuesto fraude electoral / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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La crisis política en Bolivia de 2019, también conocida como golpe de Estado en Bolivia de 2019, o renuncia de Evo Morales, se produjo del 10 al 20 de noviembre de dicho año después de 21 días de protestas contra el gobierno del presidente Evo Morales, acusado de haber cometido fraude electoral en las elecciones generales de octubre, de acuerdo al Informe de análisis de Integridad Electoral de la Organización de Estado Americanos (OEA)[3] .
Crisis política en Bolivia de 2019 | ||||
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Parte de las protestas en Bolivia de 2019 | ||||
Evo Morales durante una conferencia de prensa en Museo de la Ciudad de México (Ciudad de México) en México, país en donde estuvo asilado luego de su renuncia. | ||||
Fecha | 10 de noviembre de 2019 - 20 de noviembre de 2019 | |||
Lugar | Bolivia | |||
Causas | Resultados de las elecciones generales de 2019 | |||
Métodos | Barricadas, manifestaciones, huelga de hambre, asonadas, persecución, intimidación, agresiones, amenazas | |||
Resultado |
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Consecuencias | Vacío de poder, disturbios, protestas pacíficas y violentas. | |||
Partes enfrentadas | ||||
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Figuras políticas | ||||
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Evo Morales había anunciado por la mañana del 10 de noviembre un llamado a nuevas elecciones, en virtud de las irregularidades denunciadas por la OEA al proceso electoral. Horas más tarde, la Central Obrera Boliviana le pidió que renunciara en caso de ser necesario.[4] El desenlace se produjo inmediatamente después de que el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas mediante un mensaje transmitido por televisión le sugiriera a Morales renunciar[5][6]. A su vez renunciaron el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el primer vicepresidente del Senado Rubén Medinaceli[7], el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda y la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados Susana Rivero[8] entre otras autoridades del Movimiento al Socialismo y miembros del gabinete ministerial,[9][10] así como muchos otros funcionarios del MAS, incluidos a varios gobernadores de algunos departamentos, quienes manifestaron temor por su seguridad o la de sus familias.
El 11 de noviembre el canciller de México Marcelo Ebrard, en nombre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Evo Morales había aceptado la propuesta de asilo político que López Obrador le había ofrecido en horas posteriores a sugerencia de renuncia a la presidencia de Bolivia;[11] permitiendo la salida del país del presidente. Se registraron daños a la vivienda de Evo Morales,[12] así como de sus familiares y políticos aliados.[13]
En ausencia del presidente y del vicepresidente, el día 12 de noviembre, la entonces segunda vicepresidenta de la cámara de senadores Jeanine Áñez fue proclamada Presidenta del Estado (en medio de polémica por una sesión legislativa que carecía de cuórum), que fue avalado por un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.[14][15] El día 20 de noviembre de 2019, diputados del partido MAS presentaron un proyecto de ley excepcional para las elecciones nacionales y subnacionales ante la cámara de Senadores, hecho que, según algunos medios, representó un reconocimiento de la gestión transitoria de Jeanine Áñez, conforme a la siguiente cita en el documento: «La investidura de la actual Presidenta del Estado, Jeanine Añez, surge de la sucesión constitucional, determinando como objetivo principal de su mandato, la convocatoria a elecciones generales del país, configurando inequívocamente su razón de legitimidad en el cumplimiento de este cometido, inexcusable por su naturaleza transitoria».[16]
El 4 de diciembre de 2019, la OEA publicó su informe final relacionado con las elecciones del 20 de octubre, detallando lo que llamaron tácticas "deliberadas" y "maliciosas" para arreglar esas elecciones a favor del presidente Evo Morales.[17][18] Dos análisis independientes posteriores de los datos electorales de distintas fuentes criticaron el informe de la OEA. El Center for Economic and Policy Research (CEPR), un think tank con sede en Washington D. C., cuestionó las conclusiones.[19][20][21] La OEA defendió sus resultados. El New York Times también criticó el informe de la OEA.[22][23][24] La Misión Técnica de Expertos Electorales de la Unión Europea publicó un informe llegando a conclusiones similares, declarando que sus observadores detectaron «numerosos errores e irregularidades en las actas electorales» y describiendo que «figuraban actas con un número inusualmente elevado de votos nulos, votos en blanco y una participación del ciento por ciento de los electores en una serie de mesas electorales».[25][26]
Entre los hechos represivos que se produjeron a causa de esta crisis destacan las masacres de Sacaba y Senkata, catalogadas como tales por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En agosto de 2021, un informe encargado por la OEA y realizado por expertos independientes en derechos humanos concluyó que el camino del gobierno de Añez hacia el poder vino acompañado de "irregularidades" y graves abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.[27][28][29] El 12 de marzo de 2021, la Fiscalía de Bolivia ordenó la detención Jeanine Áñez y varios de sus ministros acusados de los delitos de «sedición, terrorismo y conspiración», debido a su participación en los hechos de 2019, a los que la institución calificó como un «golpe de Estado».[30][31]